La RBJS y SF denuncian ante las autoridades los abusos contra los haitianos en la provincia de Dajabón
A SF y la RBJS les preocupa que el Estado dominicano siga negando la evidencia de que en su territorio se violan los derechos humanos, como hizo ayer a través de su embajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Roberto Álvarez. Tampoco creen que el informe del Departamento de Estado pierda fuerza por el hecho de que Estados Unidos también cometa graves violaciones a los derechos humanos. Ambas instituciones creen que escudarse en una aparente ingerencia extranjera o en supuestos planes de la comunidad internacional para que la República Dominicana cargue sobre sus espaldas los problemas de Haití como estado fallido no es sino perder una gran oportunidad para mejorar la situación.
Es en este esfuerzo de colaboración para que todos los implicados combatan el problema del racismo y la xenofobia antihaitiana que la RBJS y SF convocó ayer una reunión con todas las autoridades de Dajabón. A este encuentro asistieron el gobernador, Arturo Socias; la síndica, Sonia Mateo; el colector de la aduana, Helvio Bejarán; el jefe departamental de la policía, Pablo Robles; un representante de la Dirección General de Migración, y un oficial del Ejército Nacional. El director de SF, padre Regino Martínez S.J. y la coordinadora zonal de la RBJS, Hilda Peña, les entregaron un informe en el que se denuncian los abusos que se cometen en la zona norte de la frontera haitiano-dominicana.
Tráfico y extorsión en la frontera
En el puente sobre el río Masacre ocurren la mayoría de estas violaciones, especialmente los días en los que se celebra el mercado binacional y el paso entre Dajabón y Wanament es libre, según afirma el documento de la RBJS y SF. Los buscones, traficantes y poteas (transportistas informales) han tomado este lugar como si fuese un consulado público e ilegal, en el que se hacen todo tipo de negocios al margen de la Ley, como tráfico de gente y mercancías. Los organismos de la inteligencia del Estado y los funcionarios civiles establecidos en el área de aduanas muestran unas alarmantes inoperancia y desgana en la vigilia y aplicación de la ley 137-03 y parecen más pendientes de extorsionar a los ciudadanos haitianos, incluso cuando éstos tienen los papeles en regla.
La RBJS y SF señalaron también que en los puestos de chequeo del Ejército que se distribuyen por las carreteras de la provincia la situación no es mejor que sobre el puente. En ellos, muchos agentes del Estado y civiles vestidos con ropas militares saquean las pertenencias de los viajeros, a los que amenazan con llevar presos si no les entregan toda o parte de la mercancía que llevan con ellos y, en muchos casos, golpean e insultan para robarles. Actúan con la complicidad de algunos civiles dominicanos y haitianos, entre los que se encuentran choferes y cobradores de guagua, motoconchistas, carretilleros.
Las denuncias internacionales de ayer no hacen sino sacar a la luz una realidad que es cotidiana en la frontera dominico-haitiana. La discriminación racial, la xenofobia y las violaciones a los derechos humanos existen en toda la República Dominicana y, especialmente, en la zona fronteriza. SF y la RBJS creen que el Estado dominicano debe dar un primer paso admitiendo que el problema existe, y que todos los demás actores implicados deben hacer un esfuerzo de concertación en el que todos aporten sus capacidades para encontrar una solución.
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