Autoridades dominicanas expulsan en masa a miles de haitianos/as y dominicanos/as de ascendencia haitiana

PETICIÓN - DOCUMENTO OFICIAL del SERVICIO JESUITA a REFUGIADOS y MIGRANTES
(para ser signatario, envia un correo electronico a contacto.solidaridad@sjrdom.org)

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El Estado dominicano debe interrumpir de inmediato todo tipo de operativo militar que ha venido realizando en estos días en muchas comunidades de la zona noroeste del país para lograr la expulsión de todos los haitianos y los dominicanos de ascendencia haitiana, violando las leyes nacionales e internacionales vigentes en materia de derechos humanos.

En estos momentos, por el puesto fronterizo de Dajabón, están siendo expulsados/as hacia Haití cientos de niños, niñas, mujeres embarazadas y trabajadores migrantes sin verificar el status legal de su permanencia en la República Dominicana, basándose solamente en el color de su piel. Ya han sido expulsadas alrededor de 2,000 personas: entre ellos/as muchos/as nacionales dominicanos/as de tez negra por su ascendencia haitiana.

Esta acción, que no podrá ser tolerada a nivel nacional e internacional, expone el país a ser sancionado por los organismos internacionales.
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Las expulsiones masivas han tenido origen en la difícil situación que se ha producido en la comunidad de Hatillo Palma (Montecristi) tras el asesinato de una mujer por manos de presuntos nacionales haitianos, el pasado lunes 9 de mayo de 2005. Es el quinto caso de asesinato de personas residentes en la comunidad atribuido a nacionales haitianos en los últimos tres años. Este último caso desató la irá de grupos de ciudadanos/as armados/as, quienes obligaron a la minoría haitiana, bajo amenaza de muerte, a abandonar sus casas, muchas de las cuales fueron luego saqueadas. La comunidad entera, para evitar más muertes, ha exigido el apoyo de las autoridades para expulsar de inmediato a todo/a migrante haitiano/a, ya sea que se encuentre viviendo de manera legal o ilegal en Hatillo Palma.
Los/as hatilleros/as repiten “Ya no queremos ni un haitiano en nuestro pueblo”.

A este pedido, las autoridades, en vez de responder al solo fin de protección de la minoría haitiana amenazada de muerte, están aprovechando la ocasión para llevar al cabo la más grande expulsión masiva de los últimos años, extendiéndola a toda la zona noroeste. Aunque las autoridades militares y de la Dirección General de Migración argumenten que se está tratando de un operativo de “repatriación” contra los/as migrantes ilegales, el Servicio Jesuita a Refugiados/as y Migrantes (SJRM), a través de su personal ubicado en la frontera norte dominico-haitiana, sigue acogiendo a decenas de niños y niñas con certificados de nacimiento dominicano; adultos/as con cedulas de identidad dominicana; haitianos/as con pasaportes y visados vigentes; trabajadores migrantes con permisos de trabajo temporal expedido de manera legal por las autoridades dominicanas que están involucradas en los hechos de los últimos días.
El SJRM define todo esto como una “expulsión indiscriminada, ilegal e inhumana”.

Las autoridades están violando el debido proceso de repatriación establecido por la ley de Migración n° 285-2004 y por el Protocolo de entendimiento sobre mecanismos de repatriación entre la República Dominicana y la República de Haití, sucrito el 2 de diciembre de 1999. Además, se está violando la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), en lo que se refiere a los derechos de los/as extranjeros/as que se encuentren legalmente en el territorio de un Estado parte del convenio y expresamente la expulsión colectiva de extranjeros/as (art. 22.9 CADH).

Contrariamente a lo establecido por estas normas, en los últimos días han llegado al paso fronterizo de Dajabón (RD), más de 2,000 personas y las autoridades anuncian que el número aumentará considerablemente en los próximos días. El SJRM exige la interrupción inmediata del operativo, evitando así que se sumen más pruebas a las que ya existen, suficientes para demandar al Estado dominicano ante los órganos internacionales.
Las personas que están siendo transportadas a Dajabón en volteos, camiones militares y autobuses de la Dirección General de Migración para la deportación hacia Haití, cuentan la forma en la cual han sido deportados/as: sacados/as de sus casas a las seis de la mañana y montados en los vehículos sin permitírseles recoger sus pertenencias; sin tener el tiempo de avisar a sus familiares, dejando atrás algún hijo/a o uno de los padres. Muchos dominicanos de ascendencia haitiana están declarando que las autoridades de migración les despojaron de los documentos de identidad personal que podían probar su derecho a permanecer de manera legal en el país que los vio nacer. Estas personas, después de pocas horas de viajes, se encontraban en un país donde nunca habían estado, sin nada de comer y sin saber donde dormir.
Tan solo en el día 13 de mayo de 2005, se expulsaron a 756 personas. Entre los casos que el personal del SJRM pudo dar seguimiento, se constataron:

- 53 ciudadanos/as dominicanos/as de ascendencia haitiana debidamente documentados;
- 12 ciudadanos/as dominicanos/as de ascendencia haitiana despojados de sus documentos de identidad cuya existencia fue verificada en el padrón de la Junta Central Electoral dominicana;
- 21 familias que dejaron uno o más niños del lado dominicano.

La ciudad fronteriza haitiana de Wanament está sumergida en un estado de grave emergencia frente a esta llegada masiva, descontrolada e inesperada de expulsados/as, debido a la inexistencia de los más mínimos servicios básicos, tales como agua, luz, alimentación y escasos servicios médicos.

Esta grave situación humanitaria, que corre el riesgo de agravar la ya difícil relación entre los dos pueblos que comparten la Isla Hispaniola, en un momento de grave vacío político que está viviendo la República de Haití, es el fruto de la “doble moral” con la que están actuando las autoridades dominicanas. Por un lado, siempre han estado rechazando la presencia haitiana en el país, pero por el otro la necesitan por la falta de mano de obra en renglones claves de la economía, beneficiándose de la condición de debilidad y vulnerabilidad en la que se encuentran los trabajadores migrantes y sus familias.

No es un secreto que las miles de personas que se encontrarán en el territorio haitiano al final de esta expulsión masiva, buscarán todos los medios legales e ilegales a su disposición para regresar a los lugares de trabajo y a las casas que tuvieron que dejar abandonadas con todas sus pertenencias. Las autoridades de la República Dominicana solo deben esperar que eso pase para empezar a contar sus ganancias: en el caso de cruce legal, serán miles los nuevos carnés de trabajo temporal y centenares los pasaportes que necesitarán nuevas visas; en el caso de cruce ilegal, serán muchos los miles de pesos en sobornos que se repartirán entre los militares asignados en los puestos de chequeos fronterizos y en el interior del país.

Es responsabilidad del Director General de Migración, Carlos Amarante Baret, detener inmediatamente estas expulsiones masivas y trabajar para que se conviertan en repatriaciones ordenadas y respetuosas de la dignidad humana de toda persona que se encuentre de manera irregular en el territorio dominicano.

Confiamos en el sentido de responsabilidad del excelentísimo Presidente de la República, Leonel Fernández Reyna, el cual es un gran conocedor de las repercusiones negativas que estas prácticas puedan ocasionar a la imagen internacional de la República Dominicana y a su economía, que se sostiene en gran parte por la exportación de productos agrícolas y por el turismo proveniente de países que son sensibles a este tipos de violación a los derechos humanos. Una expulsión masiva de esta dimensión, solo puede entenderse como una excusa para desviar la atención de la opinión pública de los reales problemas internos y externos del país, tales como los megaproyectos millonarios de construcción de metro para la ciudad de Santo Domingo y la utilización de fondos públicos para invertir en un hospital privado en Santiago de los Caballeros, entre otros.

El Servicio Jesuita a Refugiados y Migrantes/SJRM pide que el Estado dominicano asuma su responsabilidad para formular una clara y justa política migratoria en la cual se respeten las leyes nacionales e internacionales vigentes en materia de derechos humanos de todas las personas, sin importar su raza, sexo, idioma y religión, que contribuya a detener la entrada ilegal de los migrantes y favorezca las relaciones con las personas que residen de manera legal en el país.


Documentación fotográfica:



Repatriaciones masivas en camiones: prohibidas por la ley.


Separación familiar y cruce de frontera en horas de la tarde, pasando por las aguas del Rio Masacre: prohibido por la ley.


Expulsión de personas que tienen cédulas de identidad y actas de nacimiento dominicanas: prohibida por la ley. (A la derecha, Angélica López, miembro de Solidaridad Fronteriza/SJRM, apoyando los expulsados que tienen documentos legales).


Expulsión de extranjeros con pasaporte legal y visado al día: prohibida por la ley. (A la derecha, Jonathan Baró, miembro de Solidaridad Fronteriza/SJRM, apoyando los expulsados que tienen documentos legales).


Expulsión de trabajadores migrantes que tienen carnés al día, emitidos por la Dirección General de Migración: prohibida por la ley.

[Fotos: © Gianni Dal Mas / SJRM ]