¿El mercado de Dajabón? Juum… ¡Gato entre macuto!

Nota de prensa
Después de 12 años de promesas, está por cumplirse el plazo para utilizar los 45 millones de euros de la Unión Europea para la construcción del mercado de Dajabón y la carretera entre Cabo Haitiano y Wanament. Hasta ahora, las 18 familias que serían desalojadas por el proyecto no han recibido del gobierno una propuesta que respete el sentido de humanidad y de objetividad: si el gobierno está pensando en resolver el problema declarando el terreno de utilidad pública, el 16 de mayo “¡es barrío que van!”

Pasa un gobierno y viene otro. Desde la época del Dr. Balaguer nos vienen repitiendo lo de la “zona binacional de comercio libre, justo, legal, solidario, controlada”. Pero parece que no hay voluntad en el Gobierno Dominicano de adecentar, de elevar el nivel de nuestras relaciones con los haitianos, ni siquiera de respetar a los mismos ciudadanos dominicanos.

El problema viene de la construcción de las nuevas oficinas de aduana, migración y de chequeo de las exportaciones e importaciones, que afectará directamente unas 18 familias dajaboneras que tendrán que desplazarse. A todas ellas, el gobierno les prometió una nueva casa en otro terreno, mientras que a 4, además de la casa, les correspondía una compensación en dinero porque su mejora tiene un valor mayor que la casa que recibirían.

El día 12 de este mes de marzo, el Ingeniero Olgo Fernández, director de la Dirección General de Desarrollo Fronterizo, sorprendió a todos negando esta posibilidad porque no hay tiempo para construir las casas antes del limite puesto por la Unión Europea. El Ingeniero Fernández pidió la evaluación de los terrenos y las mejoras al CODIA (Colegio de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores), en un sobre cerrado que se abrirá el próximo día 2 de abril: el gobierno se comprometería con las familias a dar en efectivo el dinero que resulte de esa evaluación, sin más posibilidad para negociar.
Solidaridad Fronteriza/SJRM, que ha sido llamada por la misma DGDF para actuar como mediadora entre las partes, no puede aceptar esta forma de imposición: nadie puede negociar con los ojos cerrados. Por eso creemos que:

- la evaluación de los terrenos y de las mejoras para las familias desalojadas tiene que respetar el sentido humano y la objetividad, reconociéndoles la misma plusvalía de la cual esperan beneficiarse los dajaboneros que tienen terrenos limítrofes al futuro mercado (cuyos intereses parecen interesarle al gobierno más que la vida de otros ciudadanos “comunes”);

- considerando que el monto de dinero que el Estado entregaría a las familias no sería suficiente para la compra de un nuevo solar y la construcción de la casa, pedimos que la DGDF deposite ese dinero y lo administre de acuerdo con la Junta de Vecinos “Brisa del Masacre”, en representación de las 18 familias afectadas por la medida: de esta manera se garantizaría un trabajo más económico y más certero de que todas las familias lleguen a tener otro solar u otra casa donde vivir;

- al no llegar a un acuerdo sobre el desalojo, el gobierno debería encontrar otro terreno donde construir las oficinas complementarias al mercado, asumiendo el coste adicional que implicaría el cambio de todo el proyecto urbanístico inicial. Después de 12 años “mamoniando” por una decisión, si el gobierno optara por declarar el terreno de utilidad pública, eso sería su tumba electoral para el próximo 16 de mayo del 2006 y 2008.

En un mundo donde parece que la plusvalía de los terrenos es más que el sentido humano de los vecinos a desalojar, no queremos que se repita el caso de los desalojados de las presas hidráulicas y especialmente los de la presa de Monción (en la provincia de Valverde-Mao), que todavía vagan como “almas en pena”. Eso es lo que queremos evitar aquí en Dajabón.

Queremos lograr que se asegure la vivienda digna a quienes serán sacrificados por el bien de la comunidad internacional: República Dominicana y Haití, todos los que nos beneficiaremos de la zona binacional de comercio en Dajabón.